SANTO DOMINGO.- La empresa Consorcio BCG Educación calificó como un “crimen y abuso” contra el pueblo dominicano, que el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) eche a la «basura» más de RD$15,000 millones que invirtió el Gobierno en la compra de 2.5 millones de computadoras laptops, tabletas y notebooks, repartidas entre profesores y estudiantes de escuelas y liceos públicos.
Porque no es justo que el país pierda más de 15 mil millones de pesos en esos aparatos electrónicos que fueron entregados durante la pandemia del Covid-19 para que los profesores y estudiantes trabajaran de manera virtual y de esa manera salvar el año escolar 2020-2021.
El representante del Consorcio BCG Educación en el país, Alan Climent, en declaraciones exclusivas para El Nuevo Diario, explicó que el ministro de Educación, Ángel Hernández, suspendió el contrato firmado de buena fe el 7 de abril de 2022, luego de ganar una licitación pública.
“Nos resistimos a creer que esto se trate de una retaliación política contra el exministro Roberto Fulcar”, manifestó el ejecutivo.
Recordó que el contrato fue firmado con toda legalidad en la gestión de Fulcar, pero que fue suspendido sin justificación alguna, inmediatamente el ministro Hernández llegó al MINERD, pese a que estaba en ejecución en un 70 %, provocando pérdidas a la empresa por más de un millón de dólares. Entiende que todos los dispositivos tienen instalado el programa.
Climent entiende que en el panel de control de la suite, instalado en el Ministerio de Educación, ya habían registrado 700 mil que estaban siendo utilizadas en agosto del 2022.
Dijo que ante esa situación y la negativa del ministro Hernández de recibir a los representantes del Consorcio BCG Educación, se vieron obligados de llevar el caso por ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) el 4 de noviembre de 2022, o sea, hace 16 meses, sin que ese tribunal se haya pronunciado hasta la fecha.
En ese sentido, espera que el TSA atienda la solicitud depositada el día 20 de febrero de 2024 por sus abogados, para que fije audiencia.
Agregó que el expediente contra el MINERD que cursa en el TSA, es una demanda de ejecución de contrato, pago de valores y daños patrimoniales al Consorcio BC Educación por la suma inicial de RD$274.5 millones, ya que a su juicio, el ministro Ángel Hernández ha violado la ley al suspender el contrato con la empresa, el cual estaba siendo ejecutado.
Reveló que el Ministerio de Educación no pagó al Consorcio BCG Educación ni siquiera el adelanto del 20 % de la ejecución del contrato, a pesar de que la aplicación que se instaló el primer día sigue funcionando, aunque ellos (el Ministerio) no les den uso, “nosotros llegamos a instalar la aplicación en más de 15 mil equipos, sin recibir un centavo hasta el momento”.
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