Más de 70 organizaciones religiosas y sociales denunciaron este miércoles supuestos atropellos durante presuntas deportaciones de haitianos, en Villa Guerrero, comunidad de Santa Lucía, kilómetro 2 y 8 del municipio Santa Cruz, de la provincia El Seibo, «violando los derechos fundamentales de estas personas, quienes están siendo apresadas para ser expulsadas del país sin agotar el debido proceso administrativo».
A través de un comunicado de 11 páginas, firmado por todas las entidades denunciantes, detallaron los supuestos abusos protagonizados por militares y agentes de la Dirección General de Migración (DGM) en esa localidad, quienes, según lo narrado por las instituciones, someten a los extranjeros a violencia y maltrato, generando un clima de temor y vulnerabilidad.
Además, indicaron en el documento, supuesta ilegalidad se hace contra menores de edad y embarazadas. «Las imágenes y testimonios que hemos recibido muestran un trato inhumano y degradante hacia estas personas, que independientemente de su origen o situación migratoria, como personas, tienen derecho a un trato humano y digno», dijeron.
«Es inaceptable que en pleno siglo 21 se perpetúen prácticas discriminatorias y violentas
contra grupos de migrantes o de ascendencia extranjera. La falta de un proceso administrativo previo
para evaluar individualmente cada caso y garantizar el respeto a los derechos humanos de estas
personas es una flagrante violación de los principios básicos de justicia y equidad», aseguraron en el comunicado.
Además, detallaron supuestas otras supuestas prácticas ilegales «disfrazadas de deportaciones», tales como «el secuestro para “deportación” de niños/as y mujeres embarazadas en la comunidad de Villa
Guerrero, la comunidad de Santa Lucía, Km. 2 y Km. 8. que quedaron severamente traumatizados; el robo de dinero, celulares y otros bienes a las familias afectadas; el uso de la fuerza y agresión física y verbal a estas mismas familias, la detención abusiva de personas con documentación dominicana y documentación que acredita su residencia regular en República Dominicana y que fueron subidas al camión de migración», entre otras.
En ese sentido, pidieron la intervención del presidente Luis Abinader, para que ordene el cese de estas prácticas, «muchas veces encaminadas a la extorsión y al hurto». También instaron a la comunidad internacional a tomar medidas concretas para proteger los derechos de estas personas, las más débiles de la sociedad dominicana.
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