SANTO DOMINGO. – A pesar de que la Corte de Apelación del Distrito Nacional acogió la solicitud de recusación por parcialidad hecha por el Ministerio Público (MP) contra la jueza Ana Lee Florimón, en el caso Calamar, la magistrada subió al estrado este viernes.
Pese a la prohibición Lee Florimón intentó emitir un fallo pendiente con relación a la petición de cuatro meses de plazo hecho por el órgano acusador para completar el expediente en esta supuesta red de corrupción administrativa.
De acuerdo a informaciones, la jueza argumentó que la decisión ya había sido conocida y solo estaba pendiente de fallo, por lo que entiende que la recusación es inadmisible.
Sin embargo, Lee Florimón, del Segundo Juzgado de la Institución del Distrito Nacional, decidió enviar el documento que pretendía leer el día de hoy a la Corte de Apelación para que decida sobre esa situación.
“La Corte de Apelación ha dicho que ella no debe continuar con el proceso, porque está comprometida su imparcialidad”, explicó la fiscal Rosalba García.
García informó que el veredicto de esa decisión fue prorrogado y en ningún se emitió en dispositivo, “es decir, que nunca se ha dado fallo de esa petición.
La Corte, integrada por los jueces Ysis B. Muñiz Almonte, Luis O. Jiménez Rosa, Rosalba Garib Holguín, Teófilo Andújar Sánchez y Delio Germán Figuero, apartaran del proceso a Lee Florimón por alegada parcialidad en el conocimiento de este recurso.
Para conocer el incidente de solicitud de prórroga fue apoderada la magistrada Franchesca Potentini, jueza de tránsito, designada por la coordinadora de los juzgados de institución del Distrito Nacional, Kenya Romero.
Es la segunda recusación que el tribunal de alzada acoge, siendo la primera presentada por el exministro administrativo José Ramón Peralta, imputado en el expediente de Calamar, en contra de la jueza Patricia Padilla, titular del Segundo Juzgado de la Instrucción, apoderada para el control de las investigaciones.
El MP, cuyo plazo para someter la acusación venció el pasado 29 de noviembre, cuando se cumplieron los ocho meses otorgados por la magistrada Kenya Romero cuando dictó medida de coerción a los encartados.
Fuente: Nuevo Diario
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