El problema en el Congreso Nacional no es un asunto de los congresistas del PRM (gobierno) o de los legisladores de la oposición. Es un asunto de preparación y de competencias (capacidad).
La mayoría de legisladores actuales tiene una escasa preparación profesional, y no tiene las competencias técnicas adecuadas para advertir cuando una ley tiene signos (algunas veces inequívocos) de inconstitucionalidad. Y aprueban, por desconocimiento, casi todo lo que les envían allí, muchas veces hasta sin leer los proyectos.
Lo que acaba de ocurrir con la ley 1-24 sencillamente es inaceptable. De 100 diputados del PRM, 77 votaron a favor de la cuestionada ley, 2 se abstuvieron, ninguno estuvo en contra y 21 no asistieron.
De 52 diputados del PLD, 28 votaron a favor, 2 en contra, uno no votó y 21 no asistieron. De los 18 diputados de la Fuerza del Pueblo, 12 votaron a favor, nadie se opuso, 2 se abstuvieron y 8 no asistieron.
Es una necesidad imperativa que debemos sacar del Congreso Nacional, a todos los legisladores con una muy escasa preparación profesional; a todos los que no tienen las competencias mínimas para legislar con eficiencia, y así obligar a los partidos a elevar la calidad de los perfiles que postulan (aspiran) para los puestos de elección popular.
En mayo próximo, los sectores altos y medios, que regularmente no van a votar, deben hacerlo, no solo para disminuir el ausentismo electoral, sino para elevar la calidad del voto, y con ello, lograr que gente con un mejor perfil vaya a ocupar los curules en el Congreso Nacional.
No hacerlo implica, que los sectores con una relativa baja escolaridad (que son los que más asisten a ejercer su derecho al sufragio), la gente dueña del voto de menor calidad, siga diciendo libremente quién ocupa o no un cargo de elección popular.
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